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10 Ago 2015

Que no se pase la oportunidad de avanzar hacia un Gobierno Abierto

La Pública

Esta nota fue escrita por Fabián E. Soria y Pablo A. Rivero* y publicada originalmente en los sitios de La Pública y del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo

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Una de las piezas faltantes para lograr que el gobierno evolucione hacia un gobierno abierto es el contar con buena legislación de acceso a información. Dicha legislación –una ley de transparencia y acceso a la información pública– no existe en Bolivia, y sería importante contar con ella como un complemento vital para la estrategia de Gobierno Electrónico.

La gestión pública está evolucionando hacia el Gobierno Abierto, un nuevo paradigma que implica el uso de TICs pero además la reorientación de procesos y gestión de la información en el sector público, en una búsqueda de mayor cercanía con los ciudadanos y mayor eficacia de gestión.

En este tema, hay dos aspectos importantes: por un lado, exactamente qué implica (y por qué es importante) el abrir datos y procesos en el sector público. Y el segundo aspecto es para quién es esta información (es decir, quién usará los datos abiertos).

¿Qué implica el Gobierno Abierto?

Inicialmente es importante diferenciar el gobierno abierto de los datos abiertos y del gobierno electrónico. Precisamente, el gobierno electrónico es el uso de las tecnologías de información y comunicación (TICs) en el sector público (sean basadas en conexión a internet o no, por ejemplo vía SMS), lo cual por lo general incluye aspectos como trámites y pagos en línea, y la capacidad de hacer consultas o participar mediante TICs. Además de las facilidades que estas herramientas dan a los ciudadanos, se tiene una ganancia en eficiencia y agilidad dentro del mismo aparato público, al poder realizar sus actividades de manera más rápida gracias a la integración de sistemas.

Por otro lado se tienen los datos abiertos (Open Data), que implica que un gobierno toma la decisión de abrir datos respecto a su gestión y ponerlos en formato electrónico accesible, actualizado, utilizable y gratuito en internet (por ejemplo, datos como ejecución de presupuestos, datos de censos y encuestas oficiales, salarios del sector público, inversiones, contrataciones, préstamos y cualquier tipo de información que no comprometa la seguridad nacional). En muchas partes, los datos abiertos han permitido que los ciudadanos y empresas accedan a información a veces en tiempo real interactuando de una mejor manera con el Estado, han permitido además contribuir en mejores políticas públicas, de ser más eficientes e incluso de fiscalizar a la gestión pública mediante el escrutinio ciudadano de esta información. Una de las áreas más interesantes es el “boom” de aplicaciones para teléfonos inteligentes (o, si lo quieren poner en spanglish, el boom de apps para smartphones) que permiten que los ciudadanos se enteren desde “cuánto falta para el siguiente bus” hasta acceder a los datos de ejecución presupuestaria local y nacional.

Recientemente la ONG internacional ONE Foundation ha recolectado algunas de las experiencias de África donde los ciudadanos hicieron uso de datos abiertos para mejorar la transparencia y reducir la corrupción, llamando la atención a las irregularidades que encontraron en los datos. Pueden ver estas experiencias en este link.

Los datos abiertos también ayudan con la participación cívica brindando información fundamental como ser quiénes son los representantes que un ciudadano tiene en el Gobierno local y central, y cómo ponerse en contacto con ellos. Una vez más, las aplicaciones hacen uso de información de ubicación del usuario (vía GPS) para determinar el lugar donde está, y cruza este dato para mostrar la lista de representantes del gobierno para ese lugar, así como dar información acerca de leyes y decretos que afectan a esa ubicación (una de las aplicaciones que hace esto es “Congress“, elaborada por la fundación Sunlight).

Por último, aunque no por ello menos importante, está el concepto de Gobierno Abierto (Open Government). Este concepto va más allá de abrir datos, pues tiene un fin mayor apuntando a incentivar, mediante la innovación tecnológica, a la participación ciudadana, la fiscalización y la transparencia al fomentar no solo la apertura de datos, sino también un cambio sustancial en la manera de gestionar el Estado, es decir un nuevo paradigma político. Esta apertura implica que se promueve proactivamente la publicación y difusión de los datos acerca del estado, y se da la bienvenida y se busca la participación e involucramiento de la sociedad civil. Pasar de un gobierno tradicional a un gobierno abierto implica un cambio de mentalidad y de relaciones políticas donde los procesos no sólo se diseñan teniendo en mente la mejora del estado como un fin, sino que se enfocan en la ciudadanía como principales actores y receptores de los servicios, y se rediseñan los procesos con ellos en mente, para lograr un gobierno abierto centrado en el la ciudadanía. Para aprender más al respecto hay información interesante en la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP)

 

¿Para quién?

El Gobierno Electrónico no necesariamente se centra en cambiar las relaciones entre los ciudadanos y el Estado –aunque sí podría hacerlo eventualmente–. Si bien la implementación de herramientas de gobierno electrónico no garantiza per se la profundización de la participación ciudadana de forma democrática, el mayor peligro es que un gobierno electrónico se sirva a sí mismo y pierda el sentido del verdadero cambio paradigmático: gestiones orientadas a las necesidades y expectativas de la ciudadanía.

Un aspecto central tanto con los datos abiertos como con el gobierno abierto es que se necesita de alguien que “escuche” para que todo tenga sentido.

Una buena analogía es un grifo y donde el agua representa la información. El concepto de un gobierno de caja oscura es el que ha venido ocurriendo hasta hace no muchos años, y consistía en un gobierno cuyo funcionamiento y procesos eran desconocidos para la sociedad civil, quienes observaban las cosas que se hacían o se dejaban de hacer, con cierta capacidad de reclamo –protesta o indignación– aunque sin entender el por qué. Básicamente, era un sistema con la pila cerrada donde la sociedad civil organizada o los ciudadanos no recibían agua (es decir, información) salvo a cuenta gotas.

Los datos abiertos implican abrir más el grifo, que exista un flujo sostenido y transparente de información. Es cierto, el gobierno tiene y tendrá el control de cuánto abre el grifo para permitir la salida de esta información, pero por otro lado, son las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos y los periodistas –sujetos centrales en este proceso– quienes deben encargarse de que esa agua vaya a parar a algún lugar y no se vaya directamente por el caño. Si no se pone un recipiente de algún tipo bajo el grifo, de nada sirve que éste esté abierto. Y se debe colocar debajo del grifo un recipiente capaz de contener el flujo que existe – un flujo abundante necesita de grandes contenedores para aprovechar el agua.

En Bolivia ya están apareciendo iniciativas que promueven el uso e investigación de los (pocos) datos disponibles, iniciativas como DataBo de La Pública y Datos Bolivia. Es decir, se está generando cada vez más una masa crítica de ciudadanos y grupos de interés por la transparencia que demandan datos abiertos, y que tienen la iniciativa y el interés de aprovechar estos datos para informar, acompañar la gestión con propuestas de políticas o ajustes necesarios y participar como ciudadanos activos.

¿Qué pasa en Bolivia?

Recientemente se ha presentado el borrador del Plan de Implementación de Gobierno Electrónico, elaborado por el Comité Plurinacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (COPLUTIC), donde participan el Ministerio de Planificación del Desarrollo, la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (ADSIB), el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones (ATT) y otras entidades del sector público de Bolivia. Este plan es el resultado de varios meses de trabajo que ha sido acompañado por la sociedad civil y en algunos momentos se les ha permitido comentar y contribuir. Sin duda es un avance en la dirección correcta para modernizar el Estado y hacer que los procesos del sector público sean más eficientes mediante la tecnología.

Sin embargo, parece haber una oportunidad perdida en el plan, ya que no se sientan bases concretas ni suficientemente claras para abrir datos ni procesos. Si bien se habla de acercar el gobierno a los ciudadanos, esta aproximación se reduce sobre todo a brindar servicios y trámites electrónicos. Pero en el plan no se habla de la posibilidad de generar mecanismos de control social y rendición de cuentas que efectivamente puedan afectar de manera tangible la implementación de proyectos y obras públicas, ni de canales para la participación ciudadana.

Otra pieza faltante para lograr que el gobierno evolucione hacia un gobierno abierto es contar con buena legislación de acceso a información. Dicha legislación –una ley de transparencia y acceso a la información pública– no existe actualmente en Bolivia, y sería importante contar con ella como un complemento vital para la estrategia de Gobierno Electrónico.

El esfuerzo de implementar Gobierno Electrónico en Bolivia es valorable; sin embargo. la versión actual es un plan en el que el Gobierno implementa tecnologías nuevas para seguir haciendo lo que siempre hace. No obstante, el cambio hacia un gobierno abierto y participativo necesita que el gobierno deje se hacer las cosas como siempre se hicieron, que exista un “cambio de chip” para hacer las cosas de una manera diferente y mejor. La oportunidad de robustecer la participación ciudadana democrática radica en crear nuevas formas y canales para que los ciudadanos participen, – complementando a los ya tradicionales mecanismos de participación vía movimientos sociales o juntas vecinales, en abrir los procesos y transparentar la información.

 

* Fabián E. Soria (@lorosoria) es consultor en desarrollo social e Investigador Asociado de INESAD, radica en Washington, D.C.

Pablo A. Rivero (@payorivero) es investigador en comunicación política.

 

Crédito de foto principal: Tim Pierce


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