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19 Sep 2016

Participación, un enfoque de derechos diversidad e inclusión

Audrey Karina Mena Mosquera | @AudreyMena
Abogada

El enfoque de derechos, diversidad e inclusión, como una política que impulse la participación colectiva diferencial en la construcción de la gestión del Estado, promueve una nueva cultura  de gobernanta política y social, que direcciona a toda la institucionalidad estatal a tener una relación de confianza directa y a la misma vez horizontal, con esos ciudadanos especiales y diferenciados por sus connotaciones  étnicas, culturales, sociales,  y regionales.

El alcance de la participación ciudadana regida bajo este enfoque, propone la construcción de una institucionalidad social, en donde la ciudadanía y su intervención directa en el Estado, es lo que  moviliza la acción estatal centrada en sujetos y problemáticas específicas, de acuerdo a las necesidades de cada realidad social.  Uno de los principales desafíos en la implementación de estos nuevos modelos de gobernanza pública incluyente de todos los sectores y grupos socialmente marginados de muchos de los Estados de Latinoamérica, ha sido precisamente la identificación esas de garantías y herramientas  que no solo materialicen el principios de participación integral, sino también,  impulsen un acceso a la justicia para todos, al igual que una institucionalidad estatal eficaz, responsable e inclusiva en todos los niveles.   Este enfoque le da una amplia conceptualización a la idea de ciudadanía y de participación, lo que permite una construcción colectiva de la gestión pública multidireccionada, logrando abarcar las ciudadanías específicas que traen consigo las democracias multiculturales  y diversas (niñez, adolescencia, mujeres, etnias, migrantes, homosexuales, y minorías).  Es en este punto donde se puede comprender la diferencia como eje de enlace, para la implementación una participación orientada a la garantía de los derechos de todos los grupos poblacionales.   Con lo cual, se facilita la  identificación de personas, grupos, pueblos y demás colectividades, que además de ser titulares de derechos tienen particularidades y necesidades propias que requieren respuestas diferenciales por parte de los organismos e instituciones del Estado.    La implementación de este enfoque en materia de gobierno abierto apunta  hacia una gestión basada en la transversalidad del contexto social, lo que permite una adecuada forma de entender los diferentes marcos  y realidades para adecuar los mecanismos y canales que garanticen la igualdad y la participación de toda la ciudadanía.   

De esta manera, la participación social y la ampliación de las condiciones democráticas son sustantivas de cara al ejercicio de los derechos, por lo que el mínimo requisito de carácter obligatorio en los Estados democráticos multidiversos, se consolida en la participación de todos los sectores poblacionales en todos los asuntos de interés público y común.

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