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10 / 14 / 16

Gobierno Abierto y Medioambiente: un camino por recorrer

Renato Morgado | @renato_morgado
Coordinador de Políticas Públicas - Imaflora

El avance hacia la sostenibilidad implica, necesariamente, la profundización democrática. La existencia y el buen funcionamiento de instrumentos de participación, transparencia y rendición de cuentas, unidas al uso de tecnologías, es decir, de iniciativas de Gobierno Abierto, son condiciones necesarias para la elaboración y la implementación de políticas públicas que puedan conciliar conservación ambiental, desarrollo económico y garantía de derechos. Esos elementos permiten la construcción de soluciones con mayor legitimidad, efectividad, conformidad y confianza entre los diferentes sectores.

Estamos hablando de transparencia y participación para todos, pero, sobre todo, para los sectores más excluidos de las tomas de decisiones y del acceso a la información ambiental, como, por ejemplo, los indígenas, las mujeres, las personas de bajos ingresos, entre otros grupos.

El uso de tecnologías de información y de comunicación, unido a la posibilidad de reutilización y visualización de grandes cantidades de datos, pueden contribuir significativamente a la comprensión y solución de los complejos desafíos socioambientales, una vez que se trata de una frontera todavía poco explotada.

La sociedad civil tiene un papel clave en ese proceso, ya sea exigiendo la creación de más y mejores leyes, políticas y prácticas de gobierno abierto en el campo ambiental o, incluso, produciendo sus instrumentos de transparencia y de control social.

En Brasil, hemos avanzado bastante desde la redemocratización, que se produjo en la década de 1980, con, por ejemplo, la creación de consejerías del medioambiente, audiencias públicas obligatorias que precedan determinadas decisiones y la creación de leyes y de prácticas de transparencia. Incluso tenemos una ley de acceso a la información específica para temas ambientales, aprobada en 2003, que es anterior a la Ley general de Acceso a la Información, de 2011. Cabe señalar que una parte importante de esos avances es el resultado de la movilización de amplios sectores de la sociedad que, desde hace mucho tiempo, identificaron la interrelación entre participación, transparencia y sostenibilidad.

Pese a esos avances, todavía son comunes las tomas de decisiones y políticas públicas con baja participación y transparencia, así como intentos de retroceso, como es el caso del fin del etiquetado de los alimentos transgénicos que se está discutiendo en el Congreso Nacional brasileño. Aun instrumentos previstos en Ley, como juntas y comités, todavía no han sido totalmente implementados. Bases de datos importantes, que permiten una mayor comprensión sobre la dinámica ambiental y el uso de la tierra –como el DOF (Documento de Origen Forestal), el GTA (Guía de Tránsito Animal) y el CAR (Registro Ambiental Rural) – no están accesibles al público.

Es decir, tenemos una agenda en Brasil que requiere la consolidación de los avances que hemos logrado hasta aquí y de la resistencia a intentos de retroceso.

Ya en el ámbito regional, se puede dar un nuevo impulso hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe con la construcción de un acuerdo regional sobre los derechos a la participación, a la información y a la justicia en cuestiones ambientales. Esos derechos están previstos en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medioambiente y Desarrollo, documento final de la Cumbre Río 92. La construcción de ese acuerdo Latinoamericano, bajo la secretaría de CEPAL/ONU, se inició en 2012, en la Río+20, y actualmente cuenta con la participación de 21 países.

Además de reforzar las leyes y los instrumentos que ya existen, la versión preliminar del acuerdo regional apunta a la necesidad de nuevas normas y prácticas que, o no se recogen en el andamiaje legal de los países de la región o se hacen, pero de forma poco explícita y/o fragmentada. Asimismo, la propuesta que se está discutiendo prevé la creación de un foro regional para el intercambio de experiencias, informaciones y para la rendición de cuentas sobre su implementación. Para que todo eso suceda, se espera que la versión final del acuerdo sea sólida y jurídicamente vinculante. Es una oportunidad que no podemos perder.

En resumen, la aplicación de los principios y prácticas de Gobierno Abierto en la agenda ambiental permite la construcción de una gobernanza efectivamente democrática, capaz de promover la sostenibilidad y la garantía de derechos. Se trata de una relación que ya presenta avances, pero todavía hay un largo camino por recorrer.

*Sobre el autor: Renato Morgado es gestor ambiental, tiene maestría en Ciencias Ambientales y posgrado en Democracia Participativa. Es coordinador de Políticas Públicas del Instituto de Gestión y Certificación Forestal y Agrícola (Imaflora). Actúa en proyectos destinados a fortalecer la transparencia y  la participación ciudadana en las políticas públicas, con enfoque en ciudades sostenibles, cambios climáticos, zonas protegidas y la tala ilegal. Twitter @renato_morgado

** Esta publicación es parte de una serie de historias de la iniciativa Fellowship OEA. Para conocer todas las publicaciones haga clic aquí.

 

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