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09 Sep 2015

¿Donde están los compromisos de seguridad ciudadana en AGA?

Ramón Olivas

Con esta pregunta
iniciamos hace varios meses una conversación al interior del Fellowship OEA que
nos ha llevado a investigar un debate latinoamericano en plena evolución.

 

Si bien el objetivo de
contar con ciudades más seguras es un pilar fundamental de la agenda de la
Alianza, la realidad es que en la región encontramos todavía pocos compromisos
ligados a este propósito.

 

En el caso de México,
el Plan de Acción 2013-2015 cuenta con apenas 3 de 26 compromisos que versan en
esta dirección. Asimismo, a pesar de sufrir el flagelo de la violencia y la
inseguridad con nuestros vecinos de Guatemala y El Salvador, los Planes de
Acción de estos tres países cuentan en conjunto con solamente 6 de 85
compromisos enfocados al tema. Con solamente el 7% de los objetivos de la
Alianza en la zona, esta fracción no es representativa del interés de la
sociedad civil por atender un problema fundamental para el desarrollo económico
de la región.

 

Participación
de la Sociedad Civil

 

Para entender los
obstáculos que se han encontrado en el camino, vale la pena revisar el caso de
la experiencia de México en AGA. En este país, los tres compromisos a los que
se hace referencia son:

 

·        
La
creación de un sistema público de búsqueda y localización (por medios
electrónicos, telefónicos o presenciales) de personas puestas a disposición del
Ministerio Público de la Federación, que permita conocer información relevante
sobre una detención.

·        
La
reorganización y mejora de la base de datos de personas extraviadas o
desaparecidas en los términos establecidos en la Ley del Registro Nacional de
Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RENPED).

·        
La
publicación de manera bimestral información estadística de la Procuraduría
General de la República en formatos abiertos que permita al ciudadano conocer
las acciones de ésta.

 

Actualmente la
impresión de las organizaciones sociales a cargo de este proceso es que los
logros en cada uno de estos objetivos han sido muy limitados. Muestra de ello
es que los integrantes de la sociedad civil de AGA en México dieron a conocer
el pasado 22 de abril su impresión desfavorable de la última presentación de
avances sobre estos compromisos. (http://gobabiertomx.org/estado-de-avances-del-plan-de-accion-2013-2015-de-la-alianza-para-el-gobierno-abierto-en-mexico/).

 

En dicho escrito, se
menciona que “el compromiso sobre la Base de Datos de Personas
Desaparecidas no tiene una metodología clara y genera desinformación. No se han
construido criterios conceptuales que definan por qué no se observan las
desapariciones forzadas, con el argumento de mantenerse a la espera de la Ley
General de Desaparición Forzada. En este compromiso no hay elementos para
considerar que se cumplirá al término del Plan de Acción en verano 2015. En el
caso del compromiso de Registro de Detenidos tampoco hay un avance
significativo ya que se adjudican complicaciones por el ámbito estatal y
municipal sin atender las opciones planteadas por sociedad civil”.

 

Ya anteriormente en
diciembre pasado, Transparencia Mexicana emitió un boletín de prensa en el cual
propone replantear los objetivos de la Alianza 
en México (http://www.tm.org.mx/boletin-aga-dic-2014-2/). En el
documento menciona que “si bien el Plan de Acción [de México 2013-2015]
contiene compromisos relacionados con temas de justicia y seguridad, el
esfuerzo se queda corto. Se hace necesario cumplir a cabalidad con lo
comprometido, pero también incorporar acciones y compromisos que, además de
garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, garanticen los derechos
humanos, la verdad, el acceso a la justicia y el cumplimiento de la ley”.

 

El
camino por delante

 

Tomando esto en cuenta,
los compromisos encaminados a la transparencia y rendición de cuentas en los
cuerpos de seguridad presentan una gran oportunidad de relevancia en el próximo
Plan de Acción del país, pero para capitalizar esta coyuntura es necesario
aprender de la experiencia y replantear los elementos presentes en el diálogo
entre gobierno y sociedad civil.

 

Este cambio de inercia
requiere al menos de las siguientes acciones:

 

·        
Involucrar
a las organizaciones trabajando sobre seguridad ciudadana y apertura de datos
, pero que todavía no cuentan con vínculos
institucionales entre sus actividades y la agenda de Alianza en el país. Entre
ellas se encuentran:

o  
Observatorio
Nacional Ciudadano: www.onc.org.mx

o  
México
Evalúa: www.mexicoevalua.org

o  
México
Unido Contra la Delincuencia: www.mucd.org.mx

o  
Causa
en Común: www.causaencomun.org.mx

o  
Instituto
para la Seguridad y la Democracia: www.insyde.org.mx

 

·        
Nadie
aprende en cabeza ajena, pero es fundamental revisar la experiencia de otros
compromisos de seguridad ciudadana en la región
, cuya implementación ha
generado oportunidades e innovación donde en un principio era difícil
imaginarlo. Existen ejemplos de relevancia en Honduras, Colombia, Perú y
República Dominicana (http://www.opengovpartnership.org/es/node/5730).  

 

·        
Promover
los mecanismos de supervisión externa en las fuerzas policiacas.
Si bien es un tema nuevo en la
región, existen ya algunos ejemplos de gestión que pueden servir de modelo para
la gestión de compromisos de AGA sobre esta línea; un ejemplo son las
actividades de investigación a nivel local que promueve el Instituto para la
Seguridad y la Democracia en México.

 

El debate de cómo puede
contribuir la Alianza a los objetivos de seguridad ciudadana se encuentra en
plena evolución. Si bien es difícil garantizar la efectividad de algún
mecanismo, al interior del Fellowship consideramos que estas medidas pueden
contribuir en gran medida a generar los mecanismos de diálogo y brindar
beneficios claros en un tema de la mayor importancia para los habitantes de
México y América Latina.

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