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31 May 2016

¿Cómo las empresas pueden trabajar con la sociedad civil?

Blog Gobernarte

Publicación original.

Según un estudio de la Universidad de Harvard, uno de los principales costos que se suele pasar por alto en los proyectos a gran escala es el tiempo que los funcionarios invierten en resolver conflictos. Los autores calculan que los gerentes pasan hasta la mitad de su tiempo gestionando el riesgo social de sus proyectos.

El asunto va mucho más allá de una mera cuestión de gasto salarial: cuando los proyectos a gran escala, como los de infraestructura o minería, se detienen por desacuerdos con las comunidades locales, las obras se demoran y las empresas sufren las consecuencias también a nivel de costos. Estos impactos se traducen en pérdidas anuales de unos US$100 millones por retrasos en la producción e impedimentos a la hora de desarrollar nuevas oportunidades de negocio. En el caso de proyectos a gran escala el costo puede ascender a más de US$1.000 millones por año.

La clave para evitar los conflictos y los daños económicos que éstos acarrean es escuchar más. ¿El modo más eficiente de escuchar? Las consultas públicas, que son el punto de contacto entre compañía y comunidad. Para ayudar a las empresas a gestionar mejor su relación con la sociedad civil, el Grupo BID lanzó una guía práctica de los marcos legales aplicables para sectores como infraestructura, energía e industrias extractivas en los 26 países donde opera.

Obtener la licencia social

La publicación resume la legislación para cada sector junto con los principios rectores y buenas prácticas universales que apoyan el relacionamiento empresa-comunidad. Como mecanismo participativo, las consultas permiten a las compañías obtener la llamada licencia social para operar. Crean un marco para la rendición de cuentas e incluso promueven la innovación social cuando se identifican nuevas oportunidades de desarrollo no previstas originalmente.

A través de las consultas las empresas establecen un protocolo para la comunicación con las comunidades y fomentan un compromiso recíproco con el proyecto. El proceso contribuye a los esfuerzos de debida diligencia de una compañía y ayuda a mejorar la relación con las comunidades locales.

El incentivo para el sector privado no se limita a cumplir con las reglas de debida diligencia. Las empresas saben que al mantener un relacionamiento con las comunidades locales pueden generar impactos positivos, reducir los conflictos sociales y aumentar las posibilidades de operaciones a futuro. Las consultas públicas son el punto de partida para ese esfuerzo de largo plazo.

Sobre la autora

Flavia Milano es especialista de sociedad civil en la vicepresidencia de países del BID. Ex director de iniciativas de empresas y derechos humanos en América y África. Representante país en Mozambique. Consultora en temas legales relacionados con desarrollo en Europa. Abogado, LL.M., Juris Doctor, Universidad de Buenos Aires; segunda maestría en Desarrollo y Reducción de Pobreza, Universidad La Sapienza de Roma; especialización en temas ambientales de la cátedra UNESCO de Madrid. Flavia ha estado a cargo de proyectos de desarrollo en programas de derechos económicos y sociales, agua y saneamiento y género. Como abogada, trabajó con el sector privado y el sector publico en las áreas de negocios y derechos humanos en más de 17 países de África, América Latina, Europa y América del Norte. En el terreno también participó y contribuyó en publicaciones presentadas ante foros internacionales, en relación con las industrias extractivas, responsabilidad social corporativa y debida diligencia. Ha liderado procesos de consultas públicas con comunidades de base, fundaciones y ONG en Argentina, Bolvia, Perú, Congo, Gambia, Guinea, Liberia, Malí, Mozambique, Nigeria, Ruanda, Sierra Leona y Uganda.

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